Exigen "ni borrón ni cuenta nueva" en agresiones contra periodistas

Montserrat Muñoz

En América Latina no hay país que resulte más peligroso para ejercer el periodismo que México. Los 47 asesinatos, cuatro desapariciones y más de 2 mil 500 agresiones contra comunicadores perpetrados durante el sexenio 2012-2018 son evidencia de ello, tal como lo afirma la organización Artículo 19 en la edición 2018 de su informe anual "Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva". 

Docentes y periodistas analizaron las realidades que llevaron al país a la actual crisis de seguridad para el gremio periodístico, en un panel realizado en el Auditorio D1 del ITESO y organizado por la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública, el Doctorado en Estudios Científico Sociales y el Observatorio ETIUS Comunicación y Cultura del ITESO.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, subdirector regional de Artículo 19, dijo que los grupos criminales no son la única amenaza para los comunicadores y defensores de derechos humanos, puesto que desde el gobierno también surge y se normaliza esta violencia, que va acompañada de impunidad, corrupción y una nula cultura de reparación de daños a la víctima. 

Sin embargo, agregó que "en la peor crisis de violencia contra la prensa, hemos tenido las mejores piezas periodísticas que han impactado socialmente", refiriéndose a trabajos de investigación como los de la casa blanca, la estafa maestra, la masacre de Apatzingán y el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros. 

Juan Larrosa Fuentes, profesor del Departamento de Estudios Socioculturales (DESO) del ITESO, comentó que las universidades tienen dos funciones principales, la primera como formadoras de profesionales preparados y la segunda como espacios de crítica, con la intención de entender a profundidad un fenómeno desde diferentes aristas. 

"(El informe) no es una lectura amena. Lo que aquí se narra son situaciones difíciles, complicadas y dolorosas para quienes vivimos en el país porque estamos en un retroceso en materia de derechos humanos. Por ello, en el ITESO hay una apuesta institucional muy clara por mantener la carrera de Periodismo y Comunicación Pública como una oferta muy importante para la sociedad", menciona.  

Rosalía Orozco Murillo, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Jalisco, señaló que las universidades deben ayudar a visibilizar este tema.

"Muchas universidades están apaciguadas. Es lamentable que no tengan más protagonismo en cuestionar, analizar e incluso exigir al Estado mexicano que haga un mejor papel. El mayor esfuerzo lo están haciendo las organizaciones de la sociedad civil", apunta. 

Por ello consideró que una responsabilidad de la sociedad civil, así como de medios de comunicación y universidades, es mantener la exigencia de justicia ante la amenaza de un punto final por parte de la actual administración federal a los casos denunciados.

"Hay mecanismos de censura normalizados. Ni borrón ni cuenta nueva es un mensaje para el gobierno. No hay punto final, hay punto y seguido", exclamó Leopoldo Maldonado.